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Ley General de los Derechos deNiños, Niñas y Adolescentes

Orientaciones para las Áreas Especializadas en los Organismos Públicos de Derechos Humanos


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I. Introducción

 

a) ¿Para qué son estas orientaciones?

 

Este documento pretende ser una guía para la creación y/o fortalecimiento de las áreas de promoción y protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) dentro de los organismos públicos autónomos de derechos humanos, en su tarea de promoción, protección, observancia, estudio y divulgación de los derechos de NNA.

 

El lector encontrará los estándares internacionales para la aplicación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA); los objetivos generales de las áreas de promoción y protección efectiva de derechos de NNA dentro de los organismos autónomos de derechos humanos y una propuesta de estructura orgánica, las atribuciones y acciones.

 

orientaciones ombudsman

b) Sobre la Observación General No. 2 del Comité de los Derechos del Niño

 

La Observación General No. 2 del Comité de los Derechos del Niño (Comité DN) denominada “El papel de las instituciones nacionales independientes de los derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño”, considera que las instituciones independientes –en nuestro país organismos autónomos o instituciones autónomas- de los derechos humanos son un importante mecanismo para promover y asegurar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)[1] y, con ello, promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

 

En ese sentido, el Comité DN señala que para garantizar la efectiva promoción y protección de los derechos de NNA, dichas instituciones -organismos autónomos- deben ser geográfica y físicamente accesibles, especialmente a NNA que se encuentran en una situación de vulnerabilidad[2] y contar con atribuciones legales[3], principalmente, para:

 

  1. Investigar violaciones de derechos de NNA, por denuncia o por iniciativa propia.

  2. Investigar la situación general de los derechos de NNA  y elaborar informes y recomendaciones.

  3. Examinar la legislación existente en materia de infancia, promover su armonización con los instrumentos internacionales y  fomentar su aplicación, así como contribuir de manera independiente a la elaboración de informes que el Estado presenta períodicamente al Comité DN[4].

  4. Velar porque los derechos de NNA sean incorporados en los planes económicos, en el programa nacional de desarrollo y  en los programas y planes educativos, entre otros.

  5. Procurar que la información estadística que el Estado genere en relación con los derechos de NNA esté debidamente desagregada y se reúna periódicamente.

  6. Velar porque NNA puedan expresar su opinión en relación con todos los asuntos que les afectan y  crear para ello, mecanismos de participación y consulta[5].

  7. Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en los asuntos relacionados con los derechos de NNA.

  8. Fomentar la comprensión y la toma de conciencia de la importancia de los derechos de NNA, y para ello, coordinarse con los medios de comunicación, patrocinar o emprender investigaciones y actividades educativas en la materia.

  9. Examinar quejas por presuntas violaciones de derechos de NNA, investigarlas, entablar, en su caso, procesos de conciliación y mediación antes de que se recurra a una acción judicial.[6]

  10. Asegurar que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de NNA cumplan las normas de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal y supervisión adecuada y realizar visitas a los centros de atención, de reclusión y de detención, así como a las instituciones de atención de NNA con el fin de informar sobre su situación y formular recomendaciones para que mejore.

 

c) Sobre la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que entró en vigor el 5 de diciembre de 2014, constituye un importante avance en materia de derechos de la infancia y adolescencia, porque además de identificar los derechos de NNA, establece, por primera vez, las obligaciones específicas de los distintos actores gubernamentales y sociales, y la manera en que deben trabajar coordinadamente.

 

Con base en el artículo 73 Constitucional, la LGDNNA ordena la distribución de competencias con respecto a los derechos de la infancia y adolescencia. En ese sentido, la LGDNNA tiene una atención nacional respecto del tema, y hace una propuesta orgánica que armoniza la acción local con la federal. Así, las instituciones municipales, de las entidades locales y las federales se complementan en una visión holística -integral- de la infancia y adolescencia, que esclarece las obligaciones del Estado frente a sus derechos.

 

Con este objetivo, establece mecanismos institucionales y lineamientos que se aplicarán en todo el país al momento de diseñar, implementar y evaluar de forma participativa y concurrente las políticas, programas y acciones que afecten los derechos de NNA. Sus disposiciones son obligatorias para  las autoridades de los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y órdenes (municipal, local y federal) de gobierno, los organismos públicos de derechos humanos, así como para las familias, la sociedad civil organizada y el sector privado.

 

La LGDNNA reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, con capacidad de defenderlos y exigirlos. Reconoce también al Estado, la familia y la sociedad, como los responsables de garantizar sus derechos de manera progresiva e integral. Es decir, no parte de una mirada reactiva que asume que los niños, niñas y adolescentes son un grupo vulnerable, en todo caso, lo que sucede es que atendiendo a sus propias circunstancias es posible que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, lo que no tienen que ver con su condición de niña, niño o adolescente.  

 

Establece principios rectores y criterios que orientarán la política en materia de infancia y adolescencia y crea mecanismos institucionales que facilitarán la comunicación, la coordinación y la toma de decisiones entre autoridades, sociedad civil y sector privado a fin de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. En términos generales, la LGDNNA establece dos instancias novedosas: (i) ordena la creación de un Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizar el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de una política integral para la infancia y adolescencia, a partir de una información base y de un Programa Nacional de Protección a la Infancia y, (ii) establece instituciones y procedimientos para dar atención y respuesta especial a los casos en que los derechos de niñas, niños y adolescentes han sido vulnerados, a través de la implementación de medidas de protección especial para la restitución integral de sus derechos.

 

El Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, adopta una mirada transversal de las instituciones públicas federales, locales y municipales que directa o indirectamente están relacionadas con la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y modifica sustancialmente los parámetros para que las entidades, en su conjunto, desarrollen y ejecuten  políticas públicas, programas y prácticas, poniendo en el centro de sus acciones a los niñas, niños y adolescentes como una prioridad.

 

Se trata de un modelo institucional que facilitará la comunicación, coordinación y toma de decisiones entre las autoridades federales, estatales y municipales y que asegurará la inclusión de la sociedad civil y de niñas, niños y adolescentes, con el fin de garantizar los derechos de la infancia y adolescencia.

 

El Sistema de Protección Integral está compuesto por el Sistema Nacional de Protección, los Sistemas de Protección locales y los Sistemas Municipales de Protección. En el Sistema Integral se asegurará la participación, entre otros, de las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, así como de las organizaciones de la sociedad civil, y de las niñas, niños y adolescentes, del sector social y privado, como parte esencial del derecho a la participación y como condición necesaria de la gobernanza democrática.

 

El Sistema Nacional -de la Federación- es el máximo órgano deliberativo y decisorio del Sistema Integral y le corresponde diseñar, coordinar, implementar y evaluar la política nacional de protección de los derechos de la infancia y adolescencia, bajo una metodología que considere la instrumentación de acciones por parte de los tres niveles de gobierno y sus respectivos poderes públicos.

 

El Sistema Nacional es presidido por el Presidente de la República y está integrado por las principales instituciones del gobierno federal, a saber: las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social y el Sistema Nacional DIF. También lo conforman los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones como organismos autónomos. Además debe asegurar la participación de niñas, niños y adolescentes, así como de  representantes de la sociedad civil que tendrán voz y voto en las deliberaciones del Sistema Nacional. Serán invitados permanentes las Mesas Directivas del Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y las asociaciones de municipios, legalmente constituidas.

 

Las entidades federativas y el Distrito Federal crearán e instalarán sus propios Sistemas Locales de Protección para desarrollar los mecanismos y garantías necesarias para implementar una política estatal de protección y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia. Se deberá asegurar que éstos sean presididos por el titular del poder ejecutivo, integrados por instituciones y organismos equivalentes a las que conforman el Sistema Nacional y que cuenten con la participación de niñas, niños y adolescentes, así como con los sectores públicos y privados.

 

Por su parte, los gobiernos municipales deberán conformar los Sistemas Municipales de Protección, con áreas y funciones similares.

 

Los Sistemas Nacional, locales y municipales de Protección, establecen la creación de secretarías ejecutivas, las cuales son las responsables de coordinar las acciones que se desarrollan en cada uno de los sistemas y tienen la responsabilidad de articularse entre sí. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional debe comunicarse permanentemente con las secretarías ejecutivas de las entidades federativas y del Distrito Federal, en tanto que las secretarías ejecutivas locales deben coordinar la labor de las secretarías de los municipios de su entidad, de tal forma que se logre una articulación efectiva entre los tres niveles de gobierno para el desarrollo de la política nacional de protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

Sistema de Proteccion

Además, la LGDNNA prevé la creación de las procuradurías para  una efectiva protección y restitución de los derechos de  niñas, niños o adolescentes que se vean amenazados o vulnerados en sus derechos y establece procedimientos para dar atención y respuesta inmediata a estos casos. Se trata de medidas de protección especial y restitución integral de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situaciones particulares de vulnerabilidad, por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. Estas medidas de protección especial tendrán como fin reparar el daño y colocar a niñas, niños y adolescentes en un estadio en el que todos sus derechos estén garantizados y, a la vez, que las instituciones actúen de manera oportuna y articulada.

 

Las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, que deben crearse a nivel federal y en cada entidad federativa, se encargarán de coordinar y dar seguimiento a las medidas de protección especial y restitución de derechos, además representarán, protegerán y defenderán legalmente a niñas, niños y adolescentes.

 

A los organismos autónomos de derechos humanos  la LGDNNA les mandata crear áreas especializadas para la protección efectiva, observacia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de NNA y prevé, asimismo, su participación activa en el  Sistemas Nacional de Protección y los correspondientes a las entidades federativas y del Distrito Federal, al ser integrantes de los mismos.  

 

 

 II. Principios que deben regir la actividad de las áreas especializadas en derechos de NNA dentro de los organismos autónomos de derechos humanos

 

a) El enfoque de derechos

 

El enfoque de derechos humanos que incorpora la LGDNNA se centra en que las niñas, niños y adolescentes deben ser reconocidos como sujetos plenos de derechos y no como objetos de protección, con capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos.

 

El enfoque de derechos humanos se contrapone al enfoque de necesidad. Las actividades que se realicen bajo el enfoque de derechos deben ser de carácter integral, proporcionar metas a largo plazo y definidas de forma clara, así como un conjunto de estándares para medir los avances y progresos; contempla e involucra a los diversos grupos de población, los cuales  son identificados y reconocidos como protagonistas clave en el proceso de desarrollo. Este enfoque aplicado en la programación de normas, políticas y acciones obliga a basar la construcción de las mismas en los principios de los derechos humanos que han sido reconocidos universalmente, así como en aquellos que forman la base de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la LGDNNA, poniendo especial énfasis en los principios que se describen a continuación.

 

 b) La integralidad en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

 

El enfoque integral promueve la concepción holística del desarrollo de niñas, niños y adolescentes que abarca los aspectos físico, mental, material, espiritual, moral, cultural y social, lo cual se expresa en el carácter multidimensional e interdependiente de sus derechos. Es decir, las políticas orientadas a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes deben contemplar la totalidad del entorno en el que viven, tratando de generar condiciones favorables para su desarrollo.

 

Conlleva un esfuerzo por consolidar institucionalmente las acciones orientadas a niñas, niños y adolescentes para articular el trabajo entre las distintas áreas del Estado y flexibilizar las políticas y programas públicos, de tal forma que éstas sean capaces de adaptarse a los distintos contextos locales y que cuenten con el presupuesto necesario para ello. 

 

La integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes propone la creación de mecanismos de seguimiento en el diseño e implementación de las políticas públicas que se creen para tal efecto.

 

Se requiere la construcción de un Sistema de Protección de Derechos que considere el desarrollo infantil y adolescente, que no se limite a proteger a niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad de forma reactiva, sino que desarrollen de forma preventiva, progresiva y sostenible, con la participación de los sectores público, privado y social, leyes, políticas públicas y programas para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

 

 

c) La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales

 

 

Íntimamente relacionado con el principio de integralidad se encuentra el principio de transversalidad, cuyo objetivo es transformar la cultura organizativa de la administración pública sectorizada y promover, en su lugar, una administración pública que actúe de forma coordinada para la atención de un tema considerado prioritario, como los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pretende así dar respuesta a la aparición de demandas sociales en torno a estos derechos, comprometiendo la actuación de toda la estructura organizativa que tenga incidencia en el tema y a la necesidad de disponer de una visión integral sobre el mismo.[7]

 

De esta forma, el principio de transversalidad trae consigo que los derechos de niñas, niños y adolescentes y los demás principios rectores previstos en la CDN y en la LGDNNA estén presentes en las reformas legislativas, en el diseño de las políticas públicas, en la asignación presupuestaria[8], en toda actividad administrativa, jurisdiccional, económica y cultural.

 

d) Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad

 

La universalidad implica que los derechos humanos deben ser reconocidos y garantizados a toda persona sin importar su edad, género, raza, religión, ideas, nacionalidad o lugar de origen, pues parten del valor intrínseco que tiene toda persona. La característica de universalidad está directamente relacionada con el principio rector de no discriminación (infra).  La característica de universalidad de los derechos conlleva a que el reconocimiento de los mismos sea otorgado tanto a las personas que son nacionales como aquellas que no lo son pero que se encuentran dentro de la jurisdicción del territorio mexicano.

 

La indivisibilidad se traduce en que el disfrute o la garantía de un derecho no puede privilegiarse a costa de ningún otro, pues todos los derechos tienen la misma jerarquía, en el entendido que todos los derechos humanos son prioritarios y fundamentales. Tal como señaló el Comité de los Derechos del Niño, todos los derechos son indivisibles y están vinculados entre sí, ya que todos y cada uno son intrínsecos a la dignidad humana de las niñas, niños y adolescentes. La puesta en práctica de cada uno de los derechos, establecida en la Convención, debería por tanto tomar en consideración aquélla y el respeto de muchos otros derechos de la infancia.

 

La interdependencia hace referencia a la forma integral y armónica que reviste el cumplimiento de los derechos, esta característica orienta directamente la forma en la que el Estado debe elaborar sus normas y políticas para garantizar efectivamente los derechos humanos. Este principio plantea que la falta de cumplimiento de un derecho impacta de forma negativa en el cumplimiento de otros derechos y, por tanto, para poder cumplir con la obligación de garantizarlos, las estrategias legislativas y políticas tienen que atender todas las dimensiones de la vida de la persona que se encuentren vinculadas con el goce y ejercicio de sus derechos.

 

La progresividad remite al carácter dinámico y evolutivo de los derechos humanos, cuya interpretación, formas de ejercicio y exigibilidad han ido ampliándose con el paso del tiempo, con una tendencia clara hacia el incremento del estándar de protección, lo cual se ha visto reflejado históricamente en la emisión de los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos. Esta característica frecuentemente encuentra correspondencia con el principio de no regresividad de los derechos, que establece que una vez que el derecho ha sido reconocido y protegido por el Estado, éste no puede volver a ser negado, restringido o disminuido, por el contrario cada nueva norma o política estatal debe generar un mayor estándar de protección de los derechos.

 

 e) Participación de niñas, niños y adolescentes

 

Este principio, y a la vez derecho, constituye uno de los elementos base del enfoque de derechos humanos de la infancia y adolescencia, pues implica que como sujetos de derechos sean actores clave en la garantía de los mismos.

 

Como principio rector establece que las niñas, niños y adolescentes deben participar en todos los asuntos que les conciernen. La observancia de este principio no se agota en que expresen su punto de vista, sino que implica además que sean informados oportunamente para formarse un criterio propio y así estar en posibilidad de dar su opinión para que ésta sea tomada en cuenta y se considere en la toma de decisiones. Además mandata que las leyes e instituciones prevean y creen, respectivamente, mecanismos que permitan su participación.

 

La participación de niñas, niños y adolescentes debe garantizarse de acuerdo a las capacidades y grado de madurez del niño, niña o adolescente, tomando en consideración el contexto en el que crece y se desarrolla. Asimismo debe garantizarse tanto en lo individual como en lo colectivo, es decir niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados tanto como sujetos y a la vez como grupo poblacional.

 

 f) Autonomía Progresiva

 

El principio de autonomía progresiva significa que el niño, niña o adolescente necesita la mediación adulta para el ejercicio de sus derechos, en mayor o menor medida, de acuerdo con  el desarrollo de sus capacidades y grado de madurez. Esta necesidad de mediación no hace menor su derecho sino mayor la obligación de la familia, la sociedad y del Estado de asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, dado que la mediación es parte sustantiva para garantizar los derechos del niño, niña o adolescente. Este estándar implica también que la mediación adulta debe ser proporcional a su autonomía. Es decir, ella o él deben participar y ejercer con autonomía sus derechos en la mayor medida de lo posible según su edad y capacidad.

 

 g) No discriminación

 

El principio de no discriminación, entendida esta última como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos de las personas, debe ser erradicada, sea de jure, de facto, directa, indirecta, o sistémica.

 

Las acciones positivas o medidas compensatorias lejos de ser contrarias al principio de no discriminación, son necesarias para poder hacer efectivos los derechos humanos. En  casos particulares en los que la situación de vulnerabilidad o riesgo en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes resulta necesaria la adopción de las acciones afirmativas o medidas especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el goce y ejercicio de sus derechos.

 

Este principio conlleva la adopción de un conjunto de medidas que permita visibilizar a los distintos grupos de infancia, especialmente a aquellos que han sido históricamente marginados o discriminados.

 

h) Interés superior de la niñez y la adolescencia

 

El objetivo de la determinación del interés superior de la niñez y la adolescencia es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención sobre  los Derechos del Niño y el desarrollo holístico de cada niña, niño y adolescente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha elevado el interés superior del niño al carácter de norma fundamental, con un rol jurídico definido que, además se proyecta más allá del ordenamiento jurídico, hacia las políticas públicas e incluso, orienta el desarrollo de una cultura de respeto y garantía de derechos en todos los asuntos donde niñas, niños y adolescentes puedan verse afectados o involucrados. 

 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes (artículo 4º. De la C.P.E.U.M.).

 

La Observación General N°14 del Comité sobre los Derechos del Niño indica que el interés superior de la niñez tiene tres dimensiones. Es un derecho sustantivo pues obliga a todas las autoridades, sociedad y familia a que sus derechos sean una consideración primordial para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños o a los niños en general. Es, a la vez, un principio jurídico interpretativo fundamental con el que se asegura que si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Es también una norma de procedimiento, pues siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una evaluación y determinación del interés superior del niño, realizando una estimación de las posibles repercusiones positivas o negativas de la decisión para los derechos del niño. Así, la evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales.

 

 

 

III. Objetivo y funciones de las áreas especializadas en derechos de niñas niños y adolescentes, conforme al mandato de los organismos autónomos de derechos humanos

 

Descripción general del objetivo y funciones de las áreas especializadas en derechos de niñas, niños y adolescentes

 

Los organismos autónomos de derechos humanos promueven procesos de gobernanza para la garantía de los derechos humanos y son agentes fundamentales para la aplicación de la ley y los estándares internacionales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Complementan la labor de las autoridades e impulsan su mejor desempeño.

 

El área especializada en materia de derechos de la niñez y la adolescencia de los organismos autónomos de derechos humanos tendrá como objetivos, según lo establece la LGDNNA, la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

 

Su función consiste en vigilar la actuación de los gobiernos y otras entidades, impulsar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, recibir denuncias de violaciones de estos derechos, ofrecer medios de defensa, defender sus intereses, ser su potavoz  y crear espacios plurales de participación y reflexión sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en la sociedad y sobre su relación con el Estado. Aportan así, un claro enfoque hacia la niñez y adolescencia, trabajan para que se comprenda la relevancia de la creación de políticas públicas a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, advierten y colaboran para poner remedio cuando dichas políticas y procedimientos no sean adecuados.

 

Para cumplir con estos objetivos y tomando en consideración los principios rectores descritos en el apartado anterior que deben guiar la labor de estas áreas especializadas, así como las atribuciones previstas constitucional y legalmente para los organismos autónomos de derechos humanos, se considera que deben concebirse como la instancia encargada de transversalizar la protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes al interior de las distintas áreas de trabajo de estos organismos.

 

Es decir, así como el principio de transversalidad descrito en el apartado anterior busca que la administración pública actúe de forma coordinada para la atención de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las áreas que se creen dentro de los organismos autónomos de derechos humanos deben organizarse de tal forma que comprometan a toda la estructura organizativa, así como sus atribuciones legales y reglamentarias para que éstas tengan la posibilidad de incidir de manera efectiva  e integral en la protección de estos derechos.

 

Al mismo tiempo, resulta importante que dichas áreas especializadas proyecten el trabajo de los organismos autónomos de derechos humanos en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes hacia fuera, esto es, que promuevan y vigilen que las distintas oficinas internas de estas instituciones, a su vez, vigilen el funcionamiento de las  diferentes instituciones que tienen relación directa o indirecta con la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el marco de la LGDNNA, implica vigilar y promover el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral, y de los locales de acuerdo a sus atribuciones.

 

En consideración con lo anterior, se sugiere que dichas áreas especializadas se encarguen de desempeñar las funciones que, de manera enunciativa y no limitativa, se describen a continuación, y comprometan, para ello, a las distintas oficinas internas del organismo al que pertenezcan, según corresponda con sus atribuciones legales y reglamentarias.

 

a) Vinculación con organizaciones de la sociedad civil y participación de niñas, niños y adolescentes en los asuntos que les conciernen[9]

 

El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil complementa y respalda el que llevan a cabo los organismos autónomos de derechos humanos, en favor de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  A la vez, dichos organismos pueden apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, ya que tienen acceso directo a las personas responsables de la toma de decisiones. Así, pueden fungir como enlace entre ellas y las instituciones públicas,  respaldar sus investigaciones y recomendaciones en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes e impulsar la creación de alianzas con organizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden  estos derechos.

 

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil son una fuente de información y conocimientos técnicos que los organismos públicos autónomos de derechos humanos pueden aprovechar; pueden ayudarles, asimismo, a difundir en la opinión pública su labor y trabajar en conjunto para lograr una reparación integral por las violaciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Incluso, las y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil pueden formar parte de algunos órganos internos de las instituciones autónomas de derechos humanos y así coadyuvar directamente en el cumplimiento de sus atribuciones y, a la par, legitimar su labor.

 

Tener una buena relación con las organizaciones en favor de los derechos de la niñez y la adolescencia  puede ayudar a las instituciones a salvaguardar su independencia y aumentar su eficacia. Puede servir también para mejorar la reputación de las instituciones autónomas, reflejar las preocupaciones y prioridades de las personas, recibir opiniones sobre la labor que se desarrolla y acceder a información, conocimientos técnicos y redes de gran utilidad. La colaboración directa con las organizaciones que trabajan en defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes es positiva para el trabajo de las instituciones autónomas, que acceden así a todo un abanico de percepciones, opiniones y experiencias de la niñez y la adolescencia.

 

Ahora bien, la labor de las áreas especializadas en derechos de la niñez y la adolescencia de las instituciones autónoma de derechos humanos, resulta fundamental para promover y fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la confección e implementación de leyes para su protección y, con relación a los sistemas de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, en el cumplimiento de las atribuciones que la misma ley contempla para dichos sistemas, como por ejemplo, la elaboración de políticas públicas, de los programas nacional, estatales, del Distrito Federal y municipales, para la alimentación de los sistemas de información y  para la aportación de elementos de monitoreo y revisión del funcionamiento de dichos sistemas y de las instituciones de protección especial.

 

Por lo que toca al fomento de la participación de niñas, niños y adolescentes en los asuntos que les conciernen, la labor de las áreas especializadas dentro de los organismos autónomos de derechos humanos  deberá  ayudar a cuestionar y desmantelar las barreras jurídicas, económicas, sociales y culturales que impiden que niñas, niños y adolescentes sean escuchados y participen en todas los asuntos que les afectan.

 

Se recomienda que estas áreas especializadas diseñen mecanismos internos de consulta y participación, vinculen a niñas, niños y adolescentes en el desarrollo del trabajo de las instituciones autónomas de derechos humanos. Para ello, es necesario desarrollar una capacidad de entrar en contacto con NNA y fomentar que se dirijan a estas instituciones, lo cual requiere de una amplia difusión de los mecanismos de participación interna que se diseñen. Pero además, estas áreas especializadas deben promover la participación de NNA entre las instituciones públicas y la sociedad en general y, específicamente, en el sistema de protección integral que la LGDNNA crea.

 

La labor de las áreas de especialización en derechos de la niñez y adolescencia debe contemplar también que las oficinas encargadas de promover la participación de niñas, niños y adolescentes impulsen, a su vez, las creación de espacios de participación en los ámbitos sociales, familiares y públicos en los que deba tomarse en cuenta su opinión para la toma de aquellas decisiones que les conciernen.

 

b) Incidencia en la legislación y en las políticas públicas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes [10]

 

La capacidad de los organismos autónomos de derechos humanos de incidir en la formulación y seguimiento de la legislación y las políticas públicas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes es fundamental.

 

De ahí que se recomiende que las áreas especializadas fomenten y den seguimiento para que los organismos autónomos de derechos humanos participen activamente en la revisión y elaboración de propuestas de legislación que esté relacionada con los derechos de la niñez y la adolescencia y que proporcionen la asistencia técnica y capacitación que sean necesarias para contribuir a que la legislación en la materia sea acorde con los estándares Constitucionales e internacionales de derechos humanos.

 

De igual forma se sugiere que dichas áreas especializadas fomenten la participación de los organismos autónomos de derechos humanos en la construcción de políticas públicas integrales y articuladas, con enfoque de derechos de la infancia y la adolescencia. ¿En qué consiste esto?

 

Las políticas públicas con enfoque de derechos humanos reconocen que detrás de las necesidades y problemáticas sociales, existe una causa estructural consistente en la falta de satisfacción de los derechos humanos , ya sea en su dimensión individual o colectiva. Esta visión opera desde un carácter preventivo y restitutivo, revestido de las características primordiales de los derechos humanos: la universalidad, la interdependencia,  la indivisibilidad y la progresividad. Bajo esta lógica, el diseño y ejecución de las acciones estatales deben ir dirigidas a la satifacción y pleno cumplimiento de los derechos fundamentales y no sólo a la satisfacción de las necesidades inmediatas.

 

Las políticas públicas con enfoque de derechos humanos se construyen desde una visión estratégica participativa en dónde las personas no son exclusivamente beneficiarias de las acciones del Estado, sino sujetos activos de cambio y desarrollo, cuyo objetivo principal es la garantía de los derechos.

 

Ahora bien, la LGDNNA establece una estructura institucional para dar viabilidad a la construcción de una política nacional con enfoque de derechos humanos. Dicha estructura es el denominado Sistema Nacional de Protección Integral, del cual forman parte los organismos autónomos de derechos humanos y constituye una oportunidad única para incidir en el mismo.

 

Es por ello que se sugiere que las áreas especializadas dentro de los organismos fomenten la participación activa de los mismos en dicho sistema, por ejemplo, en la elaboración, monitoreo  y evaluación de los programas nacionales, estatales y municipales de protección. Lo anterior, asegurando que las acciones que se emprendan para promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes adopten un enfoque de derechos humanos y garanticen la participación de niñas, niños y adolescentes y de los sectores público, privado y social de forma coordinada, durante su diseño, implementación y evaluación.

 

a. Promoción, investigación y divulgación para visibilizar los derechos de niñas, niños y adolescentes[11]

 

La promoción, investigación y divulgación de los derechos humanos es otra de las principales atribuciones que los organismos autónomos de derechos humanos poseen y que pueden ser utilizadas para la visibilización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

 

Así, se sugiere que las áreas especializadas en derechos de niñas, niños y adolescentes promuevan en los organismos de derechos humanos de los cuales formen parte, la elaboración de estudios e informes sobre la situación general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sobre la situación de sus derechos y sobre derechos específicos, considerando situciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples (interseccionalidad), las medidas de protección especial para la restitución de sus derechos, el funcionamiento de los organismos encargados de la protección de niñas, niños y adolescentes, informes estadísticos, etc., a fin de que dichos estudios generen recomendaciones, o bien, proporcionen información útil para impulsar la generación de leyes o de políticas públicas adecuadas para atacar las causas de los problemas y así, prevenir nuevas violaciones de sus derechos.

 

Desde el ámbito de la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, los organismos autónomos de derechos humanos pueden aprovechar el mecanismo de Informes Especiales o Recomendaciones Generales para dar visibilidad a los patrones de violaciones de derechos que identifiquen o bien a violaciones graves de derechos humanos, generar recomendaciones para enfrentarlos y, a través de ellas, incidir en la elaboración de políticas públicas que enfrenten las causas de dichas violaciones.

 

De igual forma, se recomienda que una de las funciones específicas de las áreas especializadas en derechos de niñas, niños y adolescentes sea la de promover la organización de mesas de discusión, conferencias, debates, talleres sobre sus derechos, a fin de identificar los retos que a nivel nacional, regional y local se tienen, y así, estar en posibilidad  de generar propuestas de acción para superarlos. Al mismo tiempo, estos espacios sirven para construir capacidades y fortalecer a las instituciones, así como para sensibilizar sobre la importancia del conocimiento y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

 

Asimismo, se sugiere que las áreas especializadas promuevan la presencia de los organismos en el ámbito comunitario, a través de la adopción de medidas para  llegar a todos los grupos de niñas, niños y adolescentes, poniendo especial énfasis en aquellas y aquellos que se encuentren en situación especial de vulnerabilidad o sean objeto de discriminación múltiple. Lo anterior implica, a manera de ejemplo, contar con unidades móviles para acercarse a lugares remotos, celebrar convenios de coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, difundir la labor de los organismos en lenguas indígenas, visitar a los adolescentes en centros de internamiento y a niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social, por ejemplo.

 

Finalmente, las labores de promoción, investigación y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes implica por parte de las áreas especializadas fortalecer los vínculos de colaboración con las autoridades educativas, de tal forma que puedan organizar actividades escolares de promoción y divulgación de los derechos y de la labor que dichos organismos autónomos desempeñan. Ello ayudaría, además, como medio de acercamiento con las niñas, niños y adolescentes, a fin de que éstos acudan y participen directamente en la promoción y protección de sus derechos.

 

 b. Defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes[12]

 

El mecanismo con el que los organismos autónomos de derechos humanos cuenten, a través del sistema recepción de quejas de violaciones de derechos de niñas niños y adolescentes, representa una gran oportunidad para garantizar la restitución de sus derechos y una reparación integral. Pero también dicho mecanismo resulta fundamental para detectar violaciones sistemáticas de sus derechos, investigarlas y proponer la creación de políticas públicas para combatir sus causas.

 

En ese sentido, entre las funciones de las áreas especializadas en derechos de niñas niños y adolescentes se encuentra la de promover que dichos mecanismos sean funcionales, que no se imponga restricción alguna sobre las personas legitimadas para presentar quejas de violaciones, que promuevan la denuncia directa por parte de niñas niños y adolescentes, o bien, que puedan accionarse de oficio, esto es, aún sin que medie queja alguna.

 

Asimismo, se sugiere que las áreas especializadas en derechos de niñas, niños y adolescentes promuevan que las recomendaciones a que den lugar las investigaciones que se inicien de oficio o con motivo de la presentación de quejas de violaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes, además de buscar la reparación integral de los derechos violados en el caso concreto, funjan como instrumentos de promoción de estos derechos, de incidencia en la configuración de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y, en consecuencia, como mecanismos de prevención de nuevas violaciones de estos derechos que puedan ser referentes o fuentes de información de la que pueda nutrirse el Sistema de Protección Integral que se forma a partir de la LGDNNA. 

 

De igual forma, se recomienda que dichas áreas especializadas promuevan que el área interna encargada de dar seguimiento a la recomendaciones que los organismos autónomos de derechos humanos emitan, e inste a las autoridades a las que dichas recomendaciones fueran dirigidas a que funden y motiven su negativa de aceptarlas o bien, promuevan su comparecencia ante el Senado o ante los respectivos congresos locales a exponer la razón de su no aceptación, incumplimiento parcial o total, en los términos del artículo 102, apartado B de la Constitución.

 

Por otra parte, los organismos autónomos de derechos humanos tienen un papel importante que desempeñar en el procedimiento de comunicaciones e informes períodicos al Comité de los Derechos del Niño y al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

 

c. Protección de derechos de niñas, niños y adolescentes (Procuraduría e instituciones implementadoras)[13]

 

De acuerdo a la LGDNNA, la función de protección de los organismos autónomos  de derechos humanos se encontrará íntimamente relacionada al desempeño de las Procuradurías de Protección, las cuales intervienen para que se adopten medidas de protección especial con el fin de restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes que han sido violentados.

 

Así, cuando una niña, niño o adolescente sufre una violación a sus derechos  y requiere de diversos servicios especializados, debe garantizarse que cuente con la mediación y asistencia necesaria para obtener los servicios que requiere y así ser restituido en el goce de sus derechos.

 

De esta forma, las Procuradurías de Protección coordinarán una especie de “red” institucional  que conectará a diversas instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil con el fin de que cada una de éstas realice las acciones de protección de derechos de la niñez y adolescencia que desde sus atribuciones y áreas de especialización le corresponden, pero de manera coordinada y “conectada” con las otras.

 

Estas acciones coordinadas por las Procuradurías de Protección y ejecutadas de forma especializada por las instituciones correspondientes, se denominan medidas de protección especial. Por su parte, las procuradurías locales de protección deberán dar seguimiento a las medidas de protección a fin de que las instituciones competentes actúen de manera oportuna y  articulada.

 

En ese sentido, las Procuradurías de Protección diagnostican, articulan y gestionan todo aquello necesario para la protección especial y restitución integral de derechos, lo cual implica el desarrollo de acciones genéricas y la elaboración y seguimiento a planes de restitución integral de derechos.

 

Los organismos autónomos de derechos humanos podrían desempeñar un papel muy importante en torno a las medidas de protección especial y de restitución de los derechos de NNA, a través de la integración de las quejas de presuntas violaciones de derechos humanos relacionadas con su actuación, la elaboración de recomendaciones generales para su mejor desempeño, y de recomendaciones particulares o de propuestas de conciliación tendentes a un puntual seguimiento a las medidas de protección, restitución y no repetición de violaciones a derechos humanos de NNA.

 

En ese sentido, es necesario fortalecer la colaboración entre ambas instituciones para que todos aquellos casos de violación a los derechos humanos que los organismos públicos hayan identificado sean, a su vez, atendidos por las Procuradurías de Protección de modo que se logre la reparación pronta de sus derechos. Del mismo modo, para que las Procuradurías de Protección pueden remitir casos de violaciones a derechos humanos que requieren de una investigación más exhaustiva o bien solicitar la intervención del organismo de derechos humanos cuando alguna de las autoridades responsables no ha implementado satisfactoriamente las medidas de protección necesarias.

 

[1] Comité de los Derechos del Niño. Observación General No. 2  El papel de las instituciones nacionales independientes de los derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño. CRC/GC/2002/2, noviembre de 2002, párrafo 1.

[2] Idem., párrafo 15.

[3] Idem., párrafo 19.

[4] Idem., párrafo 20.

[5] Idem., párrafo 16

[6] Idem., párrafo 13

[7] ALFAMA, E. Y CRUELLS, M. “Evaluación y políticas transversales: el caso de las políticas de género”. Ponencia en X Congreso AECPA, Barcelona, Septiembre, 2011, p. 1-3

[8] GONZÁLEZ CONTRÓ, M. et. al. Propuesta teórico metodológica para la armonización legislativa desde el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. IIJ-UNAM-DIF, México, 2012, p. 125

[9] Referencia. Artículo 51 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

(B…)

  1. Promover, fortalecer e impulsar la colaboración y las relaciones con las organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos en el país y con los poderes de la Unión;

 

[10] Referencia.  Artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

(…)

VIII.- Proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor protección de los derechos humanos;

XIII.- Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos;

 

 

[11] Referencia.  Artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

(…)

VII.- Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país;

IX.- Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional;

 

 

[12] Referencia.  Artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

(…)

I.- Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos;

II.- Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos;

III.- Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

 

[13] Referencia. Artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

(…)

VII.- Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país;

XI.- Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos;

 

ORIENTACIONES-AREAS-ESPECIALIZADAS-CNDH

 


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