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Ley General de los Derechos deNiños, Niñas y Adolescentes

Orientaciones para la Armonización Secundaria


Orientaciones para la armonización de la legislación secundaria conforme a la

“Ley General De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes”

 

Introducción

 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales de adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico y discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.

 

El 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (en adelante, LGDNNA), aprobada por el Congreso con base en el artículo 73 fracción XXIX-P de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  que lo faculta para expedir leyes que establezcan la concurrencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de la infancia y la adolescencia.

 

Con ello, la Federación, los estados y el Distrito Federal quedaron obligados a adecuar su legislación a la nueva LGDNNA, para lo cual, su artículo transitorio segundo estableció un plazo de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor. Esto es, para el día 3 de junio de 2015, todas las entidades federativas deberán haber legislado en la materia y aprobado nuevas leyes de derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel local, o bien, reformado las leyes vigentes para adecuarlas a las disposiciones y mandatos de la LGDNNA.[1]

 

Sin embargo, la armonización legislativa a nivel Federal, estatal y del Distrito Federal, no concluye con la reforma o emisión de nuevas leyes locales de derechos. El carácter transversal de los derechos y principios reconocidos por la LGDNNA implica la realización de otras adecuaciones legislativas a otros ordenamientos secundarios tales como: los códigos civiles, penales, familiares, de procedimientos, leyes de asistencia social, de salud, de educación, de justicia especializada para adolescentes, entre otras, con la finalidad de modificar aquellos preceptos que contravengan lo estipulado por la LGDNNA y por la propia ley local que se emita; establecer nuevos procedimientos; crear nuevas estructuras; establecer o reformar tipos penales; desarrollar mecanismos específicos para la garantía de derechos[2], entre otras cuestiones.

 

En este sentido, un paso importante para lograr la armonización normativa que exige la LGDNNA, será hacer una revisión integral de todo el marco jurídico local, a fin de transversalizar los principios y los derechos de la infancia y la adolescencia derivados de la misma, no sólo en la legislación específica de la materia, sino en todas aquellas normas que puedan impactar directa o indirectamente a esta población y al cumplimiento de sus derechos.

 

Considerando lo anterior, el presente documento tiene el objeto de orientar a los estados y el Distrito Federal en relación con la legislación y normativa secundaria que se estima debe ser revisada y, en su caso, adicionada, reformada o derogada, como insumo para lograr un proceso armonización legislativa uniforme en el país, dentro de los plazos previstos para ello.

 

 

Líneas Generales

 

Por lo general, los niños, niñas y adolescentes no son contemplados por las normas o apenas se enuncian sin que las leyes prevean condiciones específicas o diferenciadas para este grupo de población. Hasta antes de la Convención sobre los Derechos de Niño, la mayoría de las normas fueron diseñadas o concebidas desde una visión que no identifica las características y necesidades específicas del niño, niña o adolescente para la realización de sus derechos.

 

Si bien, el marco jurídico nacional y estatal se ha venido modificando en los últimos 25 años para irse adecuando al paradigma introducido por la Convención sobre los Derechos del Niño y existen diversos ordenamientos que en mayor o menor medida se han adaptado al enfoque de derechos, se trata de un proceso aún inacabado. En este contexto, la reciente emisión de la LGDNNA y de las leyes locales específicas que se emitan, constituyen una nueva oportunidad para seguir avanzando en este proceso de armonización y consolidar la reforma integral al marco normativo nacional y local que se requiere para asegurar el efectivo cumplimento de los derechos de la infancia y adolescencia en el país.

 

Ahora bien, no existe un catálogo limitado de leyes que deban contemplar los derechos de la infancia y la adolescencia, por el contrario, idealmente todas las leyes tendrían que ser revisadas de manera transversal verificando que las mismas prevean el impacto que sus disposiciones tiene en las niñas,  niños y adolescentes. Para afirmar que una ley contempla de forma efectiva a la infancia y la adolescencia, no basta con que éstas sean enunciadas en algunos de sus artículos, sino que es necesario que la totalidad de sus disposiciones sean compatibles con sus derechos[3].

 

Como se mencionó, este documento, no pretende hacer un análisis exhaustivo sobre todas las modificaciones normativas que se requieren para lograr una plena armonización normativa en el país (ya que ello implica un proceso continuo y permanente, el cual también depende de los avances y circunstancias particulares de cada entidad de la República); se trata de una guía que presenta una primera aproximación sobre el tipo de modificaciones a diferentes ordenamientos que pudieran ser necesarias para armonizar el marco jurídico nacional y local conforme a la LGDNNA y a las leyes locales que se expidan, con la finalidad de orientar a las y los legisladores locales en esta importante tarea.

 

Para poder hacer una armonización legislativa integral, se requiere entre otras cuestiones:

 

  • Realizar una revisión y contraste entre la LGDNNA y la ley específica que en su caso emita cada estado, y las distintas disposiciones o leyes que a nivel local impactan de forma directa o indirecta los derechos de la infancia y la adolescencia para verificar en qué medida cumplen los estándares establecidos por las mismas e identificar vacíos, contradicciones, superposiciones, inconsistencias y necesidades de reformas u adecuaciones específicas.

 

  • Revisar cuidadosamente los estándares, principios, mecanismos y lineamientos que se desprenden de la LGDNNA y verificar que cada uno de ellos se aterrice en la materia particular que les atañe en la legislación local

 

  • Identificar los derechos establecidos por la LGDNNA y la ley local que se emita y el contenido y alcance de cada uno de estos, a fin de ubicar las legislaciones específicas relacionadas con el cumplimiento de cada uno de los derechos de acuerdo a competencias y materias particulares, así como las disposiciones administrativas o secundarias correspondientes, para establecer condiciones institucionales, programáticas, presupuestales, procedimentales  y materiales para garantizar su ejercicio.

 

  • Identificar las dependencias e instituciones locales obligadas al cumplimiento de la LGDNNA y de la ley local respectiva, e incluir las obligaciones y facultades que estos ordenamientos confieren a cada una de estas intuiciones y dependencias dentro de las legislaciones específicas que rigen el actuar de cada una de ellas.

 

 

Aspectos transversales

 

Dentro de los aspectos trasversales a revisar en el marco del proceso de armonización legislativa secundaria, para garantizar un enfoque integral de derechos, se encuentran los siguientes:

 

  • Que en todas las leyes u ordenamientos se reconozca a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Por ejemplo, abandonando de forma definitiva los términos de “menor” e “incapaz” en todas aquellas legislaciones que aún los utilizan, sustituyéndolos por los conceptos de niña, niño o adolescente. Asimismo, separar las disposiciones relativas a niñas, niños y adolescentes de las concernientes a las personas con incapacidad jurídica.

 

  • Que en todas las leyes u ordenamientos locales se incluya la perspectiva y lenguaje de género (no discriminación entre niños y niñas).

 

  • Que ninguna legislación u ordenamiento secundario contenga diferenciaciones que impliquen discriminación por cuestión de edad y/o que las leyes secundarias prevean acciones afirmativas encaminadas acelerar la igualdad sustantiva y no discriminación entre niñas, niños y adolescentes.

 

  • Que en todas las leyes u ordenamientos locales se incluya a los niños, niñas y adolescentes como grupo social y no como grupo vulnerable. Reconociéndose que dentro de este grupo social puede haber niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, tal y como lo hace la LGDNNA, pero no ubicándoles dentro de esta condición por el sólo hecho de ser personas menores de 18 años de edad. En todo caso se deberán establecer procedimientos especiales y medidas compensatorias o acciones afirmativas para niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

 

  • Que en todas las leyes u ordenamientos se eliminen disposiciones que confieran facultades ilimitadas o discrecionales a las autoridades y adultos frente a los niños, niñas y adolescentes y que se establezca como límite de toda decisión el interés superior del niño, entendido como la garantía integral de sus derechos.

 

  • Que en todas las leyes u ordenamientos se incorporen y se desarrollen de manera transversal los principios establecidos en la LGDNNA (interés superior de la niñez; universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos; igualdad sustantiva; no discriminación; inclusión; vida supervivencia y desarrollo; participación; interculturalidad; corresponsabilidad familia, sociedad y Estado; transversalidad; autonomía  progresiva; accesibilidad).

 

  • Que en todas las legislaciones que regulen procedimientos que se involucren o impacten algún derecho de niños, niñas o adolescentes se prevea la obligación de atender a su interés superior y tomar en cuenta su opinión a través de mecanismos específicos y adecuados de participación.

 

  • Que en todas las legislaciones de integre de manera transversal el derecho de prioridad frente a la prestación de servicios.

 

A partir de la identificación de los aspectos anteriores sería necesario realizar una ruta inicial para la modificación progresiva de los ordenamientos jurídicos correspondientes.

 

 

Instituciones y atribuciones

 

Por lo que respecta al entramado institucional un primer aspecto a considerar para avanzar en la armonización legislativa secundaria es la revisión e identificación de las funciones y atribuciones que la LGDNNA y las propias leyes locales confieren a las diferentes instituciones y dependencias del Estado responsables de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de sus respectivas competencias  y verificar o realizar las reformas necesarias para que las mismas se encuentren también previstas en los ordenamientos jurídicos y respectivos que rigen para cada una de ellas.

 

Por ejemplo: Conforme a la LGDNNA el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los sistemas locales respectivos, estarán integrados por diversas dependencias entre las que se encuentran las secretarias de Gobierno; Hacienda, Desarrollo Social; Educación, Salud, Trabajo, la Procuraduría, los sistemas para el desarrollo integral de la familia, etc. Así, cada uno de los ordenamientos legales que rige el actuar de estas dependencias deberá ser armonizado y contemplar e incluir aquellas atribuciones específicas que adquieren tanto como miembros del sistema integral para la protección de los derechos niñas, niños y adolescentes, como aquellas funciones y obligaciones particulares que adquieren respecto a la garantía de algún derecho en específico según el ámbito de sus competencias.

 

 

Tipos de armonización legislativa a realizar a la normativa según los derechos que reconoce la LGDNNA

 

Un paso necesario para iniciar con el proceso de armonización legislativa es la identificación de aquellas disposiciones de la LGDNNA que establecen expresa y directamente la obligación de armonizar las leyes federales y de las entidades federativas y de la legislación específica que debe ser modificada o adecuada por virtud de este mandato.

 

También sería necesario hacer un análisis del posible impacto de la LGDNNA en otros ordenamientos legales atendiendo a cada derecho. Si bien los derechos vienen reconocidos desde la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LGDNNA y las leyes locales específicas, será necesario que estos derechos sean también integrados y armonizados en diversas leyes estatales según materias y competencia específicas, para generar condiciones para su materialización.

 

Para que la ley pueda tener trascendencia e impacto en la vida de cada niña o niño, se debe asegurar que las disposiciones normativas no sean sólo de carácter enunciativo, sino que cada derecho que se señale dentro de la LGDNNA o de la ley local específica, cuente con un mecanismo establecido o descrito en las mismas o en cualquier otro ordenamiento que resulte pertinente, según sea el caso, para poder hacerlo exigible.

 

A continuación se presenta un cuadro que contiene diversos ejemplos de armonización legislativa en este sentido. Es importante señalar que no se tratara de un análisis acabado de todas las modificaciones que sería necesario realizar a los diferentes ordenamientos locales y federales, sino una primera aproximación que sin duda puede ampliada y ajustada por las diversas entidades según corresponda.

 

 

Derecho  Legislación a revisar  Sentido de la revisión a realizar para la armonización legislativa conforme a la LGDNNA 
Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo Leyes de saludLeyes de  desarrollo socialLeyes de educación Leyes para la atención,cuidado y desarrollo Integral Infantil

Códigos penales

Leyes para la atención de víctimas

 

Revisar que en todas estas legislaciones se prevean disposiciones para por ejemplo establecer la obligación de las autoridades según ámbitos de competencia,  de atender de manera inmediata los casos en que la vida, supervivencia o integridad de niñas, niños y adolescentes estén en riesgo o hayan sido afectados y deberán reportarlo a las autoridades competentes (procuraduría de protección) cualquier indicio de violencia, maltrato, abuso o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.Incluir sanciones para aquellos funcionarios públicos, tanto de instituciones de salud como de educación o asistencia social que no reporten los casos que pudieran constituir un delito o riesgo para la vida, supervivencia o integridad de niñas, niños y adolescentes.
Derecho de prioridad Transversal a todas las legislaciones secundarias. Revisar que en todas las legislaciones de manera transversal se contengan disposiciones específicas que aseguren a los niños, niñas adolescentes prioridad en el ejercicio de sus derechos, en los programas o políticas públicas, en  los presupuestos y servicios públicos.Revisar que en las diferentes legislaciones se incluyan los mecanismos o procedimientos específicos necesarios para  garantizar que el interés superior del niño, sea efectivamente una consideración primordial frente a la tomas de decisiones relacionadas con los niños, niñas y adolescentes.
Derecho a la identidad Códigos CivilesLeyes del registro civilReglamentos del Registro CivilCódigos penalesLeyes de salud

A nivel federal:

Ley de nacionalidad

Ley de Migración

Ley de Población

 

Revisar que la legislación en materia civil y registral esté en correspondencia con lo establecido por la LGDNNA y reconozcan la gratuidad del registro de nacimiento y de la obtención de la primera acta. Revisar que la legislación en materia civil y registral  prevea la obligación de cargo de los padres de registrar a sus hijos dentro del el plazo de 60 días posteriores [4]  al nacimiento previsto por la LGDNNA.Revisar la legislación federal respectiva de modo que se aseguré que ningún niño, niña o adolescente pueda quedar o tener la condición de apátrida.Prever en la legislación civil el derecho y mecanismos y condiciones específicas para que los niños, niñas y adolescentes puedan conocer su origen en los términos señalados por la LGDNNA.Asimismo la legislación civil correspondiente deberá regular los procedimientos específicos a que las autoridades deberán apegarse para la búsqueda, localización y obtención de información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas niños y adolescentes.

La legislación civil deberá de prever que en todo proceso que pueda concluir con el cambio de apellido del niño, niña o adolescentes se le deberá escuchar y por tanto establecer el procedimiento o mecanismo específico para ello.

Asimismo será importante eliminar cualquier disposición que prevea como requisito para prestar un servicio relacionado con el cumplimiento de un derecho el de contar con acta de nacimiento.[5]

Prever en el Código Civil que para efectos del reconocimiento de maternidad y paternidad de niñas, niños y adolescentes, así como en relación con los derechos y obligaciones derivados de la filiación y parentesco, ante la negativa de la prueba de paternidad o maternidad, la autoridad competente, salvo prueba en contrario, presumirá que es el padre o la madre respectivamente.

 

Derecho a vivir en familia Códigos civiles y familiaresCódigos de procedimientos civiles y familiares 

 

 

 

 

 

Revisar todas las disposiciones legales (principalmente en las legislaciones civiles y familiares) en las que se prevean posibles casusas de separación de los niños, niñas y adolescentes de su familia, y en su caso,  eximir de entre éstas la falta de recursos económicos y cualquier otra causal incompatible con los principios de la LGDNNA.Revisar que en toda la legislación civil y familiar se establezca como requisito para poder determinar la procedencia de la separación de un niño, niña o adolescente de su familia, la preservación del interés superior del niño y que dentro de la legislación procesal correspondiente se establezca un procedimiento específico para ello, eliminado toda disposición que pueda dar pie a la toma de decisiones discrecionales o arbitrarias[6].Revisar también que la legislación procesal correspondiente prevea la obligación y el mecanismo adecuado y específico para escuchar y tener en cuenta la opinión del niño, niña o adolescente en el marco de estos procesos que puedan implicar a separación familiar o de cualquier otro proceso que le afecte. Es decir, asegurar que la legislación prevea las adecuaciones y mecanismos procesales específicos para garantizar el derecho de audiencia (participación) del niño, niña o adolescente en condiciones adecuadas. [7].Revisar que toda la legislación civil prevea el derecho de todo niño, niña o adolescente cuya familia este separada a convivir u mantener contacto regular y establezca un procedimiento específico y lineamientos para ello en términos de lo señalado por la LGDNNA. 
Leyes y reglamentos que rigen el sistema penitenciario. Integrar disposiciones que garanticen el derecho a la convivencia y el contacto frecuente de niños, niñas y adolescentes con padre,  madres o tutores privados de libertad y que garanticen las condiciones mínimas para que esta convivencia se pueda dar de forma adecuada.
Leyes de asistencia socialLeyes de desarrollo socialEstatutos orgánicos de los Sistemas para el desarrollo integral de la Familia.Leyes que regirán a las procuradurías de protecciónLegislación civil y procesal aplicable

(art. 24 y 26)

Revisar que estas leyes prevean los mecanismos específicos necesarios para facilitar la localización y reunificación de la familia de niñas, niños y adolescentes que se encuentren privados o separados de ella.Revisar que estas leyes prevean los mecanismos y requisitos específicos para que se puedan prever y desarrollar las modalidades de cuidados alterativos que refiere la LGDNNA, así como las medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentren separados de su familia.Particularmente que las leyes prevean los requisitos, procedimientos y condiciones para que los niños, niñas y adolescentes sean ubicados con su familia extensa o ampliada; sean recibidos por una familia de acogida; sean sujetos de acogimiento pre-adoptivo y los lineamientos mínimos para elegir, registrar, capacitar, evaluar y certificar a estas familias en términos de los señalado por la LGDNNA.Finalmente revisar que estas leyes prevean la obligación y  los mecanismos específicos para implementar políticas y acciones positivas de fortalecimiento familiar para prevenir la separación de niños, niñas y adolescentes de sus familias. 
Códigos PenalesCódigos de Procedimientos penales(art.25) Revisar que el traslado o retención ilícita de niños, niñas o adolescentes (sustracción) en términos de lo señalado por la LGDNNA este tipificado como delito y sancionado por la legislación penal de cada estado.Revisar la existencia y regulación de un procedimiento específico[8] y adecuado a las condiciones particulares de los niños, niñas y adolescentes, para asegurar su restitución en pleno apego a sus derechos, en caso de traslado o retención ilícita, que prevea la coordinación entre las diversas autoridades  (federales, estatales y municipales) intervinientes (ministeriales, judiciales, de protección, de investigación, internacionales, entre otras)
Legislación civil aplicableCódigos civiles y familiaresCódigos de procedimientos civiles y familiaresLeyes específicas de adopción.(Art. 27-35) Revisar que la observancia del interés superior del niño, niña o adolescente sujeto a adopción sea una obligación en todos los procedimientos de adopción[9].Revisar que en todas las legislaciones que regulan los procedimientos de adopción se prevea la obligación a cargo de las autoridades competentes de escuchar y tomar en cuenta la opinión del niño, niñas o adolescente y se contemplen los mecanismos específicos para que pueda hacerlo en condiciones adecuadas[10].Revisar que todas las legislaciones que regulan los procedimientos de adopción se prevean procedimientos o mecanismos específicos para orientar jurídicamente tanto a quienes consientan la adopción, como a quienes la acepten.Revisar que todas las legislaciones que regulan los procedimientos de adopción se prevean procedimientos o mecanismos específicos de control para verificar que la adopción no sea motivada por beneficios económicos para quienes participen en ella.Asimismo a fin de asegurar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados en pleno respeto de sus derechos también se deberá revisar que las legislaciones que regulan los procedimientos de adopción cumplan con los tratados internacionales en materia de derecho internacional privado que hayan sido ratificados por México.

Revisar que en los Códigos penales se tipifique y sancione como delito la adopción con los fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación, las peores formas de trabajo infantil o cualquier ilícito en contra de los mismos.

 

Derecho a la igualdad sustantiva y a no ser discriminado  Transversal a toda la legislación secundaria.Impacto específico en las leyes para prevenir y eliminar la discriminación, y en las leyes para la igualdad entre mujeres y hombres.Leyes de derechos y cultura indígenaLeyes de acceso a una vida libre de violencia Revisar que toda la legislación utilice un lenguaje  y perspectiva de género (no discriminación entre niños y niñas).Que ninguna legislación admita supuestos de discriminación por razón de la edad, no por cualquier otro supuesto de acuerdo con la LGDNNA.Revisar que se contemplen en la legislación acciones positivas para acelerar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes.Revisar que se contemplen en la legislación las medidas especiales para prevenir, atender y erradicar a discriminación múltiple de que son objeto niños, niñas y adolescentes. Revisar las leyes de derechos y de cultura indígena.- por lo que hace a erradicar usos y costumbres que tengan por objeto menoscabar el derecho de niñas a la igualdad.

 

Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral Leyes de saludLeyes de desarrollo socialLeyes de cultura física y deporteLeyes para la atención, cuidado y desarrollo integral infantilLegislación civil Revisar que se contemplen en las diversas legislaciones medidas apropiadas para que el fortalecimiento de las familias (de quienes ejercen a patria potestad, tutela guarda o custodia de niñas, niños y adolescentes) de forma que puedan proporcionarles las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo.Revisar que todos los códigos civiles estatales se establezcan los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio sin excepción o diferenciación alguna.[11]
Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal Códigos penalesCódigos de procedimientos penalesLeyes específicas para prevenir y sancionar la tortura; la trata de personas; el secuestro.Leyes para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.Leyes para la atención de víctimas

Leyes para la prevención social de la violencia y la delincuencia.

Leyes contra la delincuencia organizada.

Ley Federal del Trabajo

 

Revisar que entre los diversos ordenamientos y leyes nacionales y locales se encuentren debidamente tipificados y sancionados como delito las diversas formas de violencia y conductas que atentan contra la integridad personal de niñas, niñas y adolescentes señaladas en la LGDNNA (descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual, corrupción, trata, tráfico, explotación y abuso sexual o cualquier otro tipo de explotación, etc.).Revisar que ls leyes de acceso a una vida libre de violencia hagan referencia específica a violencia contra niñas y adolescentes, violencia obstétrica.Revisar que la clasificación de estos tipos penales que atentan contra la integridad personal de niños, niñas y adolescentes correspondan a una visión de derechos.[12]Revisar que exista a su vez una armonización entre estos ordenamientos para evitar contradicciones, repeticiones, lagunas o interpretaciones que propicien la impunidad de los agresores o la re victimización de los niños, niñas y adolescentes.Revisar que en las normas y ordenamientos locales exista una prohibición absoluta del castigo corporal y se eliminación de toda legislación que aún lo prevea el derecho de corrección.

Revisar que se tipifique como delito y se sancione la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de la delincuencia organizada en todas las legislaciones estatales correspondientes.

Revisar que la legislación laboral integre disposiciones y mecanismos  específicos para asegurar que ningún mayor de 15 años realice actividades que puedan perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental y el libre desarrollo de su personalidad.

Revisar que en la legislación laboral se establezcan medios de control, verificación y sanción para las personas que empleen a niños, niñas u adolescentes que no cuenten con la edad mínima requerida para ello.

Revisar que en los diversos ordenamientos se obligue a las autoridades a restituir los derechos mediante la implementación de medidas especiales de protección para todos aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido privados de ellos.

Revisar que la  legislación local genere los mecanismos efectivos  para erradicar la trata de personas con fines de mendicidad infantil y cualquier tipo de explotación infantil y sancionar a los culpables.

 

 

Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social Leyes saludLey del seguro socialLeyes atención,cuidado y desarrollo integral infantilLegislación penal.

Leyes de acceso a una vida libre de violencia

Revisar que en las diversas legislaciones secundarias se prevea la obligación a cargo de sector salud de detectar y atender a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia  y de reportarlo a las autoridades competentes (Ministerio Público y a la Procuraduría de Protección) a fin de que se interponga la denuncia correspondiente y se implementen las medidas de protección y restitución de derechos de manera inmediata.Revisar que las diferentes legislaciones en materia de salud dispongan la obligación de promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros 6 meses de vida y complementaria hasta los dos años así como acciones positivas específicas para ello.Revisar que las diferentes legislaciones dispongan la obligación de implementar  programas de prevención de embarazo adolescente y se respeten su derecho a la salud sexual y reproductiva.Revisar que se tipifique como delito y se sancione la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes, así como la violencia obstétrica. 
Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad Leyes de seguridad socialLeyes para prevenir y eliminar la discriminaciónLeyes sobre cultura física y deporteLeyes sobre desarrollo socialLeyes sobre asistencia social 

Leyes de Prestación de Servicios para la Atención,

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

Leyes sobre educación e infraestructura física educativa

Leyes para la inclusión de las Personas con Discapacidad

Códigos Penales

Leyes de para la atención de víctimas.

Leyes en materia de instituciones de salud mental

Revisar que las diversas legislaciones secundarias contemplen medidas de nivelación e inclusión y  acciones afirmativas por parte de las autoridades correspondientes según la competencia,  encaminadas lograr progresivamente la plena inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en la prestación de cualquier servicio.Revisar que las diversas legislaciones prevean distintos mecanismos por ejemplo becas educativas a fin de que puedan contar con los medios necesarios para su desarrollo.Revisar que diversas legislaciones prevean obligaciones concretas para las instituciones públicas y privadas para adecuar sus instalaciones para que sean accesibles a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, mediante la señalización en Braille, formatos accesibles de fácil lectura y comprensión, rampas y elevadores, entre otras.Revisar que las diversas legislaciones secundarias contemplen medidas de promoción y difusión de una cultura de respeto por la diferencia y aceptación de la diversidad.Revisar que en los Códigos penales estén tipificados como delito el abandono, ocultación, negligencia o segregación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

 

 

 

 

 

 

Derecho a la educación Leyes de educaciónLeyes de infraestructura Física EducativaLey del Instituto Nacional para la Evaluación de la EducaciónLeyes sobre acoso escolar 

 

 

Revisar que los fines de la educación establecidos en las leyes respectivas se correspondan con los fines de la educación señalados por la LGDNNA.Revisar que en dichos ordenamientos se establezcan mecanismos o medidas concretas para garantizar la calidad de la educación.Revisar que en estas legislaciones se contemple la prohibición expresa del castigo corporal como parte de la disciplina escolar.Estas leyes deberán también prever y regular los mecanismos específicos a implementarse en  cada una de las escuelas para la atención, canalización y seguimiento de los casos en que se constituyan violaciones al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.Prever y regular los mecanismos específicos que deberán operar en cada escuela para fomentar la convivencia escolar armónica y la resolución pacífica de conflictos.

Regular la instancia multidisciplinaria que señala la LGDNNA responsable de la prevención,  atención y canalización de los casos de maltrato, daño, agresión o cualquier otra forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Prever los lineamentos sobre los cuales deberán de elaborarse protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar.

Regular medidas específicas para asegurar la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Prever y regular los mecanismos específicos para asegurar la expresión y participación de niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar a fin de tomar en cuenta su opinión, intereses y preocupaciones en materia educativa.

Prever el establecimiento de un sistema de becas para apoyar la permanencia o reingreso de niñas y adolescentes embarazadas.

Prever y regular el tipo de medidas de protección necesarias para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente para atender a niños, niñas y adolescentes que sean víctimas de violencia, previendo la obligación de hacerlo de conocimiento del ministerio público y de la Procuraduría de Protección.

Prever y regular los mecanismos específicos que deberán operar en cada escuela para fomentar la convivencia armónica y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, así como los mecanismos de mediación  y estrategias a que se refiere la LGDNNA. 

 

Derecho al descanso y al esparcimiento Leyes de culturaleyes de cultura física y DeporteLeyes regulatorias de espacios público.Leyes de prevención social de la violencia  Revisar que en las diversas legislaciones de prevea la obligación de contar con espacios gratuitos o a bajo costo para la realización de actividades de esparcimiento, deportivas y artísticas para los niños, niñas y adolescentes y de destinar recursos específicos para la financiación y sostenimiento de estos espacios.Revisar que en las diversas legislaciones se incluyan medidas como de fortalecimiento familiar, incluirán la búsqueda de opciones para que los padres y madres puedan obtener los recursos económicos suficientes y garantizar a sus hijos e hijas la disponibilidad de tiempo y oportunidades para el esparcimiento y recreo y los cuidados necesarios mientras los padres y madres estén trabajando.Revisar la leyes de prevención social de la violencia,  por lo que respecta a los mecanismos gubernamentales encaminados a fortalecer la recuperación de espacios públicos y fomentar actividades culturales, artísticas y deportivas para niños, niñas y adolescentes, ello a fin de vincular los programas y que los recursos se canalicen adecuadamente incluyendo también a niñas y niños en los programas y no exclusivamente a adolescentes y jóvenes
Derecho de participación Transversal a toda la legislación secundaria. Los códigos de procedimientos civiles y penales de cada entidad federativa deberán prever los momentos y formas de participación de los niños, niñas y adolescentes en todos aquellos juicios cuyos derechos puedan verse afectados como el cambio de apellidos, la adopción, divorcio de sus padres, delitos cometidos en su contra, etc.La legislación en materia de educación deberá prever mecanismos de participación escolar.La legislación en materia de salud deberá prever mecanismos para la participación en la toma de decisiones que tengan que ver con esta materia.En otras legislaciones según corresponda también deberán de revisarse y regularse mecanismos específicos de participación para la participación de niños, niñas y adolescentes. 
Derecho a la intimidad Códigos PenalesCódigos de Procedimientos penalesLeyes sobre protección de datos personales.Leyes de transparencia y acceso a la información.Leyes de telecomunicaciones y radiodifusión

 

Para el Derecho a la Intimidad, la legislación penal correspondiente deberá tipificar como delito y sancionar la difusión y divulgación ilícita de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. Cuando la difusión o divulgación de la información haya sido proporcionada con la finalidad de que alguien cometa un delito en contra de la niña, niño o adolescente afectado, la misma se considerará como coparticipación en el delito y será castigada por el código penal correspondiente.En el código de procedimientos civiles y el de procedimientos penales de las entidades federativas, se incluirá la posibilidad de solicitar que se imponga como medida cautelar la suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios en medios electrónicos, a fin de evitar la difusión de información, imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el interés superior de la niñez. Asimismo, se incluirá que el órgano jurisdiccional pueda requerir a las empresas de prestación de servicios en materia de medios electrónicos que realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de las medidas cautelares que ordene.
Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso Códigos de procedimientos civilescódigos de procedimientos penalesCódigos de procedimientos administrativos.Leyes de atención a víctimas.Leyes que regulen mecanismos alternativos de solución de controversias.

Leyes de protección de las personas que intervienen en el procedimiento penal

Leyes contra la delincuencia organizada.

(art. 83 y 86)

Leyes contra la trata de personas.

 

Revisar que todas aquellas legislaciones que regulan la sustanciación de procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que regulen la realización de cualquier acto de autoridad en el que estén relacionados niñas, niños o adolescentes[13] para asegurar que las mismas prevean los lineamientos y condiciones procesales necesarias que se señalan en la LGDNNA  para garantizar el efectivo acceso a la justicia y se prevean los mecanismos, reglas, adecuaciones y procedimientos específicos para que entre otras cosas:·         Prevalezca en estos procesos el interés superior del niño[14].·         Los niños, niñas y adolescentes reciban información clara, sencilla y comprensible sobre el procedimiento de que se trate y la importancia y el carácter de su participación en el mismo.·         Niños, niñas y adolescentes puedan presentar denuncias y participar adecuadamente en el proceso.·         Su participación en el procedimiento se lleve a cabo de manera expedita, para lo cual se deberán revisar y hacer los ajustes correspondientes a los plazos y términos y a los tiempos de participación para la intervención de niños, niñas y adolescentes en los procesos

·         Se realicen las adecuaciones necesarias para que los niños, niñas y adolescentes puedan ser representados en los términos dispuestos por el Titulo Quinto Capitulo Segundo de a LGDNNA.

·         Reciban asistencia de personal especializado, traductores, intérpretes, etc.

·         Se asegure que el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento y se establezcan los supuestos en que este acompañamiento puede ser considerado contrario a su interés superior por disposición judicial.

·         Se destinen espacios adecuados en los recintos donde se lleven a cabo los procedimientos.

·         Se prevean medidas específicas para proteger a niños, niñas y adolescentes de sufrimientos y re victimización durante los procesos y garantizar su acceso a asistencia jurídica, posológica y cualquier otra necesaria.

·         Se resguarde la intimidad y datos personales de niños, niñas y adolescentes.

Leyes de Asistencia social(art. 84y 85)Legislación que regule a las procuradurías de protección  Revisar las leyes de asistencia social a fin de asegurar que las mismas prevean que los niños y niñas que les sean remitidos por la autoridad competente porque se les atribuya la comisión y participación en un delito, están exentos de toda responsabilidad penal.Revisar que estas leyes prevean que dichos niñas y niños serán sujetos a medidas especiales de protección y restitución de derechos y los programas de asistencia social sin discriminación y sin que la presunta atribución o participación en la conducta delictiva determine la atención por parte de las autoridades correspondientes.
Leyes de justicia para adolescentesLeyes que regulen mecanismos alternativos de solución de Controversias. Revisar que las legislaciones en materia de justicia para adolescentes se adecuen a los estándares construccionales e internacionales en términos de lo señalado por la LGDNNA.Revisar que en las legislaciones que prevean formas alternativas de solución de controversias se contemplen los adolescentes.
Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones Ley Federal de Telecomunicaciones y RadiodifusiónLey de ciencia y tecnología El derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, se encuentra reconocido en la LGDNNA sin embargo en lo que respecta a su regulación específica la ley remite a  Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que este ordenamiento deberá ser revisado de manera integral para establecer la forma y condiciones específicas para la garantía de este derecho en favor de niñas, niños y adolescentes.

 

[1] Actualmente los estados cuentan con leyes específicas para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, emitidas bajo la anterior Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de mayo de 2000. Algunas de estas leyes contienen ya avances importantes respecto a la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia conforme a la recién aprobada ley general; sin embargo otras legislaciones presentan rezagos mayores. Por ello en algunos casos habrá que derogarse la legislación actual en la materia y emitir una nueva y en otros simplemente habrá que hacer adecuaciones conforme a los nuevos preceptos de la LGDNNA.

[2] Las entidades federativas y el D.F. deberán desarrollar los mecanismos específicos para dar efectividad a los derechos reconocidos por la LGDNNA. En algunos casos, dichos mecanismos tendrán que ser previstos dentro de la ley específica en la materia. En otros casos, cuando se prescriben obligaciones muy concretas materia de otra norma, dichos mecanismos deberán ser desarrollados dentro de otros ordenamientos locales secundarios.

[3] La Convención sobre los Derechos del Niño y la LGDNNA incorporan la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos, principios que buscan garantizar que todas las disposiciones jurídicas o administrativas logren estructurar un sistema coordinado y multisectorial que garantice todos los derechos para todos los niños. La adecuación legislativa secundaria requiere generar los cambios necesarios para lograrlo. Así mismo la legislación secundaria deberá lograr estructurar mecanismos que faciliten al ejecutivo la implementación efectiva de la Ley.

[4] Existen muchas legislaciones civiles en las que se establecen plazos distintos para que los padres cumplan con la obligación de registrar a sus hijos. Por ejemplo el Código Civil del Estado de Aguascalientes señala en su artículo 51 que “tienen obligación de declarar el nacimiento el padre y la madre o cualquiera de ellos dentro de los 180 días de ocurrido el mismo”. En términos de lo establecido por la LGDNNA este plazo debe modificarse. Sin embargo, si hay una legislación civil que prevea un plazo menor al de a LGDNNA deberá respetarse este plazo siguiendo el principio pro persona que establece la propia LGDNNA y lo prescrito por la Convención sobre los Derechos del Niño en el sentido de que el registro debe darse inmediatamente después del nacimiento.

[5] La LGDNNA señala expresamente que la falta de documentación para acreditar la identidad no será obstáculo para garantizar derechos.

[6] Para la previsión específica dentro de estos ordenamientos  de las normas de procedimiento necesarias para asegurar  la preservación del interés superior del niño, niña o adolescente se sugiere revisar el procedimiento propuesto por el Comité de los Derechos del Niño en su  Observación General  N° 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1)  http://www.unicef.cl/web/informes/derechos_nino/14.pdf

[7] Estas adecuaciones procesales se deberán prever en los Códigos respectivos de conformidad con lo establecido en el Titulo Segundo, Capítulo Décimo Octavo de la LGDNNA relativo al Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso”.

[8] Este procedimiento especifico también deberá de preverse de conformidad con lo establecido en el Titulo Segundo, Capítulo Décimo Octavo de la LGDNNA relativo al Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso” y de conformidad con los instrumentos internacionales de Derecho privado vigentes en la materia que han sido ratificados por México.

[9] Al efecto también se sugiere introducir en la legislación secundaria correspondiente que regula los procedimientos de adopción el procedimiento conforme al cual deberá determinarse el interés superior del niño niña, o adolescentes conforme a lo propuesto por el Comité de los Derechos del Niño en su  Observación General  N° 1. Óp. Cit.

[10] Este procedimiento especifico también deberá de preverse de conformidad con lo establecido en el Titulo Segundo, Capítulo Décimo Octavo de la LGDNNA relativo al Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso” y de conformidad con los instrumentos internacionales de Derecho privado vigentes en la materia que han sido ratificados por México.

[11] Actualmente en los Códigos Civiles de 14 estados de la República establecen 16 años como edad mínima para contraer matrimonio (Aguascalientes, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo Leon, Puebla Querétaro, Quintana Roo San Luis Potosí y Yucatán); en 12 estados de la República se establece como edad mínima 16 a los para el hombre y 14 años para la mujer /Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz); en 1 estado se establece 18 años para el hombre y 16 años para la mujer (Baja California Sur) y solo en 5 estados se establece ya como edad mínima los 18 años (Coahuila, Hidalgo, Estado de México, Sonora y Zacatecas).

[12] En algunos códigos penales todavía algunos de estos delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes todavía se conciben como delitos contra a moral, las buenas costumbres, la honestidad u otros similares.

[13] Ya sea como víctimas o testigos de un delito o en el marco de un procedimiento, civil, familiar, administrativo de cualquier otra índole.

[14] Para la previsión específica dentro de estos ordenamientos  de las normas de procedimiento necesarias para asegurar  la preservación del interés superior del niño, niña o adolescente se sugiere revisar el procedimiento propuesto por el Comité de los Derechos del Niño en su  Observación General  N° 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1)  http://www.unicef.cl/web/informes/derechos_nino/14.pdf

 

 

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