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Ley General de los Derechos deNiños, Niñas y Adolescentes

  • 1. ¿Qué términos pueden usarse en las adecuaciones legislativas para implementar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes?

    (Consulta realizada el 30 de enero de 2015)

    La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 2°, 4°, 29, y 73, y la Convención sobre los Derechos del Niño utilizan los términos niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, el uso jurídico adecuado para referirse a las personas menores de 18 años es niñas, niños y adolescentes o, en su caso, niñez y adolescencia. Por ello, se recomienda usar estos términos al momento de realizar las reformas de las normas locales o federales, en lugar de menor o menores.


  • 2. ¿Dónde se puede encontrar una definición amplia del concepto del Interés superior del niño?

    (Consulta realizada el 30 de enero de 2015)

    En  la Observación General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño titulada “Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial”.


  • 3. ¿Las leyes locales podrían incluir un capítulo de Deberes y obligaciones de los niños y niñas en las leyes locales?

    (Consulta realizada el 1 de febrero de 2015)

     

    Se considera que no es pertinente incluir un capítulo o apartado de deberes de niñas, niños y adolescentes en las leyes estatales de derechos de niñas, niños y adolescentes en la armonización con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes por las siguientes razones:  

     

    a. Los deberes de niñas, niños y adolescentes carecen de fundamento constitucional y convencional

     

    La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado aplicable porque el artículo 1 constitucional establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. El artículo 1° Constitucional otorga  rango constitucional a las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea parte. En virtud  de que México ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, los derechos reconocidos en este tratado son texto constitucional, por lo que los artículo 3, 5 y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño permite determinar la constitucionalidad de las leyes. Adicionalmente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se encuentra alineada con la Convención  sobre los Derechos de los Niños y con la Constitución.

     

    Dentro de la perspectiva de la Constitución (artículos 1° y 4°) niñas, niños y adolescentes tienen derechos con capacidad de ejercerlos. Así se crea un régimen jurídico donde las personas menores de edad tienen derechos, donde el sujeto obligado de crear las condiciones para el ejercicio de estos derechos es el Estado, la sociedad y la familia. Por ejemplo, es el niño quien tiene el derecho a la educación y como correlativo a este derecho el Estado tiene la obligación de crear la institución educativa pertinente para este fin y los padres o tutores tienen la obligación de inscribirlo, llevarlo a la escuela etc. En este mismo sentido, el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes implica que la realización de ciertas responsabilidades. Por ejemplo, la realización de las tareas escolares es una forma de ejercicio del derecho a la educación; tomar medicamentos y recibir vacunas son maneras de ejercer el derecho a la salud; comer una dieta balanceada con frutas y verduras es una acción en ejercicio del derecho a una alimentación adecuada y a la salud.

     

    Así, constituye un contrasentido establecer deberes en un marco de derechos, es decir, que el mismo titular de un derecho humano sea el sujeto obligado de deberes relacionados con el ejercicio de algún derecho.

     

    Los derechos de niñas, niños y adolescentes como los de cualquier persona tienen límites, los cuales son sus propios derechos. En este sentido el ejercicio de un derecho no puede ir en detrimento de otro, por lo que las labores escolares o domésticas no pueden dañar su salud ni impedir su desarrollo, por ejemplo realizando actividades físicas superiores a las capacidades de la niña o niño.

     

    Garantizar, respetar, proteger y restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes, como los de cualquier persona tienen como correlativo para su cumplimiento obligaciones del Estado. En el caso de las personas menores de edad, ellos ejercen sus derechos en la familia y la sociedad conforme a su autonomía progresiva, por lo que estos actores también están obligados a realizar las acciones para que los niños y niñas ejerzan sus derechos. Adicionalmente, el Estado tiene la obligación de dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño

     

    La Constitución no reconoce deberes para las personas, ni para niñas, niños y adolescentes como personas menores de dieciocho años.

     

    La Convención tampoco reconoce deberes de niñas y niños ya que parte del supuesto de que los sujetos obligados para que niñas y niños puedan ejercer sus derechos son sus padres, la sociedad y el Estado.

     

    Como nota, cabe hacer mención de que si bien el artículo 32.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad, esto debe interpretarse de forma integral con lo que establece el artículo 32.2, es decir, que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

     

    A la vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido que Tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana.”[1] En otras palabras, los derechos de las niñas, niños y adolescentes que establece la Convención Americana deben interpretarse a la luz del paradigma de la Convención sobre los Derechos del Niño que establece que todo niño, niña y adolescente es sujeto de derechos.  En este sentido cabe reiterar que los deberes de niñas, niños y adolescentes carecen de fundamento constitucional y convencional ya que las tareas o responsabilidades de niñas, niños y adolescente como elaborar sus tareas, tomar medicamentos, comer saludablemente, etc. son acciones en ejercicio de sus derechos como el derecho a la educación, a la salud y a una alimentación adecuada, y como correlativo el Estado y la familia son los sujetos obligados de crear las condiciones necesarias para que las personas menores de edad ejerzan sus derechos.

     

     b. Los deberes restringen injustificadamente el ejercicio de derechos

     

    Los deberes generalmente imponen la obligación a niñas, niños y adolescentes de obedecer o acatar las decisiones de sus padres, docentes, autoridades estatales.

     

    No obstante, niñas, niños y adolescentes conforme al artículo 1° constitucional gozan de todos los derechos que les conceden la Constitución y los Tratados internacionales de los que México, los cuales no tienen mayores limitaciones que aquellas que establece la propia Constitución, por lo que cualquier disposición en otro ordenamiento legal que restrinja o condicione su ejercicio es violatorio del artículo 1° constitucional.

     

    Cabe destacar que el propio artículo 4° establece obligaciones para tutores y custodios con respecto a niñas, niños y adolescentes y derechos para niñas, niños y adolescentes. En ningún momento la Constitución establece obligaciones para las personas, incluyendo a las niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos.

     

    Adicionalmente, el artículo 4° constitucional obliga a todas las autoridades a que en todas las decisiones y actuaciones cumpla con el principio del interés superior de la niñez y establece explícitamente que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

     

    El ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes se encuentra determinado por el interés superior de la niñez y el principio pro persona y no puede estar supeditado al acatamiento de deberes basados en figuras de autoridad (como padres, autoridades o docentes).

     

    c. Los deberes crean un régimen de trato diferenciado no justificado para niñas, niños y adolescentes en razón de su edad que no existe para las personas mayores de edad o cualquier otro grupo en alguna situación de vulnerabilidad o riesgo

     

    Establecer una serie de deberes para niñas, niños y adolescentes crea un régimen distinto y único para niñas, niños y adolescentes, por lo que es discriminatorio en tanto establece un trato diferenciado (una serie de deberes) en razón de la edad (por ser niñas, niños o adolescentes personas menores de 18 años) que puede menoscabar múltiples derechos, lo que no ocurre con las personas mayores de edad, pues no se establecen este tipo de deberes para quienes tienen más de 18 años.

     

    Así, se trata de una discriminación por motivos de edad que restringe o limita el ejercicio de derechos y contraviene el artículo 1° Constitucional.

     

    El Estado establece una serie de obligaciones civiles, laborales, fiscales, etc. para las personas y en aquellos casos que considera que requieren de una protección mayor establece sanciones como responsabilidades penales o administrativas. Cabe mencionar que no existe un régimen de deberes para las personas mayores de edad. 

     

    Por ejemplo, la Constitución reconoce el derecho a la salud de las personas, no obstante en ninguna ley se establece  el deber de las personas de  asistir a los centros de salud. Por el contrario, la Constitución reconoce derechos y crea un marco legal e institucional que permita ejercerlos, dando libertad a la persona de determinar la forma de ejercerlo, por ejemplo asistiendo o no a un centro de salud o tratamiento médico. El marco de derechos reconocidos en la Constitución da la libertad a una persona con un diagnóstico de enfermedad terminal de optar o no por un tratamiento médico que pueda alargar su vida.

     

    d. La esfera de convicciones éticas y religiosas, las cuales constituyen constitucionalmente una esfera de inmunidad de la persona frente al Estado

     

    Una serie de deberes que establece valores familiares y cívicos o bien el deber de respetar a las autoridades, padres o docentes invade la esfera de inmunidad de las personas establecido en el artículo 24 constitucional, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana.

     

    La Constitución en el artículo 24 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Constitucionalmente la esfera de las convicciones éticas, de conciencia y de religión constituyen una esfera de inmunidad en la que el Estado no puede intervenir. Es decir, la propia Constitución limita al Estado de intervenir en los asuntos éticos, de conciencia y de religión de toda persona.

     

    El concepto de valores familiares y cívicos implica una valoración o posición ética y de conciencia con determinados contenidos socio históricos. En este caso, un apartado de deberes invade no sólo la esfera ética y de conciencia de niñas, niños y adolescentes, sino la de sus padres, la familia y la sociedad en general, al obligar a acatar y promover determinadas posiciones morales.

     

    El deber de respeto a las autoridades también es una concepción ética donde el Estado no puede intervenir. El derecho a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa permiten que, con base en su propia conciencia y creencias religiosas, las personas se abstengan de ciertas actividades como el caso de los niños testigos de Jehová que no saludan a la bandera en los actos cívicos.

     

    Un apartado de derechos crea un régimen diferenciado para niñas, niños y adolescentes en razón de su edad que menoscaba derechos como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y de religión. Cabe destacar que estos derechos imponen al Estado una esfera frente a la cual éste no puede intervenir para determinar las convicciones éticas o religiosas de las personas, por el contrario, reconoce una serie de derechos que permite a las personas decidir libremente sobre sus propias convicciones éticas y religiosas.  En este sentido la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

     

    Adicionalmente el artículo 12, párrafo 4° de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 18, párrafo 4° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen el derecho de los padres de guiar la educación religiosa y moral de sus hijos conforme a sus propias convicciones. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión protege una amplia gama de convicciones religiosas y morales, por lo que los valores familiares y cívicos entre las autoridades estatales y las familias pueden no coincidir. De esta manera los valores de las autoridades estatales pueden ir en contra de las convicciones éticas y religiosas de los padres con lo que también se está menoscabando el derecho de los padres de guiar el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia y religión de sus hijos conforme a sus propias convicciones sin que exista un derecho fundamental que lo justifique.

      [1] Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala Sentencia de 19 de noviembre 1999 (Fondo)

  • 4. ¿Cómo podría organizarse el Sistema Local de Protección y la Secretaría Ejecutiva?

    (Consulta realizada el 4 de febrero de 2015)

     

    De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  el mecanismo de protección se ejecuta a través de las medidas de protección especial de protección (federal y local), que se determinarán con base en la universalidad, interdependencia, indivisibilidad e integralidad de los derechos (artículo 1 de la Ley General). Las medidas de protección especial, y se podrán activar a partir de una violación de derechos en particular, o bien a partir de un factor de vulnerabilidad especial como situación de calle o condición migratoria. No obstante, la Ley prevé acciones de promoción y protección de derechos de manera integral previa a que se dé la violación de algún derecho, es decir, se trata de mecanismos coordinados que trabajarán a partir de una mirada integral que considere todas las dimensiones de la vida de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren vinculadas con el goce y ejercicio de sus derechos.

    Por ello si se requiere organizar el Sistema Local de Protección en comités, sub-comités o grupos de trabajo, se recomienda que estos grupos se enfoquen en estrategias, en el marco de la organización programática de las dependencias que conforman el sistema, siempre y cuando esta división esté encaminada a eliminar los obstáculos que impiden el ejercicio y protección igualitaria de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para lograr la integralidad en el cumplimiento de la Ley local (por ejemplo, el comité del sistema de información, el comité para garantizar la concurrencia, el comité de seguimiento y evaluación, el comité de planeación etc.).

    En este sentido no es recomendable establecer dentro del Sistema local de Protección grupos de trabajo, Comités o Comisiones que se dediquen a analizar temáticamente y por separado la situación de grupos de niños, niñas y/o adolescentes, en especial los que se encuentren en situaciones particulares de vulnerabilidad (ej. Niños  migrantes, niños de la calle etc..), en razón de que ello puede dificultar la aplicación de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, reconocidos en la Ley General, de integralidad, interés superior del niño y no discriminación.


  • 5. ¿Cómo podrían organizarse en la Ley Local los mecanismos para la protección integral de derechos?

    (Consulta realizada el 10 de febrero de 2015)

    De acuerdo con la Ley General estos mecanismos son el sistema local de protección y las medidas de protección especial, que actuarán a partir de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad e integralidad de los derechos (artículo 1 de la Ley General). En particular, las medidas de protección especial, se podrán activar a partir de una violación de derechos en particular; no obstante, esto no quiere decir que los otros derechos no van a ser visibilizados, respetados, promovidos, garantizados y, en su caso, restituidos, ya que se trata de mecanismos coordinados que trabajarán a partir de una mirada integral que considere todas las dimensiones de la vida de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren vinculados con el goce y ejercicio de sus derechos. Pueden agruparse conforme a los programas de las dependencias.

    El principio de integralidad, así como el concepto de la Ley General de Igualdad Sustantiva y prevención de la Discriminación Múltiple implican crear mecanismos que atiendan de forma exhaustiva y sin discriminación a todos los niños, niñas y adolescentes en cualquier situación, observando el cúmulo total de derechos de los que son titulares y no solamente a una violación de derechos en particular o bien un factor de vulnerabilidad o riesgo como situación de calle o condición migratoria, ya que colocar la mirada en un único factor dificulta una perspectiva integral que permita proteger, por ejemplo a una niña indígena que viva en una zona rural de difícil acceso y que tenga alguna enfermedad crónica. En este caso, hay varios factores de vulnerabilidad como edad, género, pertenencia a comunidad indígena, zona de difícil acceso y falta de acceso a los servicios de salud que deben atenderse de manera integral. Adicionalmente, la protección a los derechos de la niña incluyen la posibilidad de ejercer otros derechos, como el derecho a la educación, etc.


  • 6. ¿Cuáles son algunas diferencias entre los Comités estatales de derechos de niños y niñas y los Sistemas Locales de Protección?

    (Consulta realizada el 19 de febrero de 2015)

    Cabe señalar que algunas Leyes estatales de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Consejos vigentes funcionan y crean mecanismos similares a los que se describen en algunos apartados de la Ley General, no obstante, no todos tienen las características que ordena la Ley General por lo que será necesario realizar una revisión y adaptación integral a fin de cumplir con todas y cada una de dichas particularidades. Algunas de las principales diferencias son:

    a. Rediseño de la dinámica institucional estatal en línea con la Ley General.

    La incorporación que hace la Ley General del principio de integralidad y la instalación de un cambio de paradigma en la visión de la infancia marcan la obligación de modificar drásticamente las políticas de infancia y la adolescencia y, sobre todo, la de re-definir la dinámica institucional, de tal forma que se ponga en el centro de la escena a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y se coloque como prioridad política y programática la protección, garantía y restitución de todos sus derechos.

    b. Inclusión de mecanismos para la concurrencia entre federación, estados y municipios.

    Una de las diferencias más relevantes entre un Comité o Consejo Estatal de derechos de niñas y niños y un Sistema Local de Protección es la creación de mecanismos para la concurrencia entre la federación, los estados y los municipios. Gracias a la reforma del artículo 73 Constitucional se logró crear (por el momento normativamente) mecanismos para lograr dicha concurrencia en la realidad. Todos esos mecanismos, antes inexistentes, deberán ser incluidos en los Sistemas locales de protección. Ello constituye una diferencia muy grande frente a los existentes Comités o consejos estatales de derechos.

    c. El Sistema Local de Protección es un órgano deliberativo y no consultivo.

    Esto demanda una transformación sustancial en lo que hasta ahora existe e nivel estatal ya que las atribuciones deben pasar a ser deliberativas y no solamente consultivas. Entre estas atribuciones se encuentran, por ejemplo, la de diseñar, ejecutar y dar seguimiento de las políticas públicas en materia de infancia, que se plasmarán en un programa específico; generar mecanismos de participación directa y efectiva de niños, niñas y adolescentes; y asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, la entidad federativa en particular y sus municipios o demarcaciones territoriales para la formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así como la inclusión de una  Secretaría Ejecutiva que se encargue de promover y vigilar la ejecución de las decisiones y de coordinar las acciones entre las dependencias integrantes del Sistema.

     

    Para que el Comité o Consejo de Seguimiento cumpla con los lineamientos establecidos por la Ley General es necesario que integre a todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales relevantes para la garantía de todos los derechos de la niñez y la adolescencia y genere nuevas vinculaciones y propuestas de acción que hagan un abordaje integral de sus derechos.

     La Ley General construye un modelo conceptual y operativo innovador, que deja de lado los criterios que hasta ahora han regido a los Comités Estatales de Seguimiento, como la segmentación, la centralización y la limitada participación de los sectores público, social, privado y de niñas, niños y adolescentes. La Ley General, contrariamente a lo que  actualmente realizan los Comités o Consejos Estatales, exige al Sistema Integral de Protección integrar y organizar a diversos organismos públicos (concurrencia) y asegurar una mirada transversal entre las políticas, programas y prácticas que directa e indirectamente afectan a los niños, niñas y adolescentes. Además le confiere al Sistema las facultades de diseñar, ejecutar, coordinar y dar seguimiento, mientras que los Consejos y Comités fueron considerados para promover y difundir.


  • 7. ¿Cuáles son algunas diferencias entre las actuales Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia del DIF Estatal y las Procuradurías de Protección creadas por la Ley General?

    (Consulta realizada el 3 de marzo de 2015)

    La Ley General establece la creación de una nueva institución llamada Procuraduría de Protección de niños, niñas y adolescentes (a nivel federal, estatal y con la máxima descentralización posible a nivel municipal). Algunas facultades y atribuciones de las Procuradurías de protección coinciden con acciones que realizan desde hace muchos años las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia Estatales de los DIFs Estatales.

    Las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia proporcionan asistencia social en materia jurídica a las familias, niños, adultos mayores, discapacitados y todas aquellas personas que sufren maltrato; es decir, su enfoque operativo parte de “auxiliar” a aquellas familias y niños que se encuentran en “riesgo” o en una situación de vulnerabilidad. Partiendo de ese enfoque, la centralidad de su actuación se coloca en la atención de situaciones de riego o vulnerabilidad. La Ley General tiene como eje a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, teniendo no sólo una capacidad reactiva ante la vulneración de un derecho, sino también preventiva de manera coordinada con todas las instituciones involucradas.

    No obstante, la Ley General también establece facultades que no necesariamente tienen las Procuradurías de la defensa del menor y la familia y crea un procedimiento para la coordinación y ejecución de medidas de protección especial obligatoria para todas las Procuradurías de Protección de nueva creación.

    Algunas de las innovaciones de las Procuradurías de Protección, son las siguientes:

    a. Enfoque en la restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

    La  Procuraduría de Protección es una institución especializada en la restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Dentro de las actuaciones para hacer realidad dicha restitución de derechos, la Procuraduría de Protección deberá también trabajar con la familia, es decir, fortalecer sus habilidades de crianza, realizar acciones de prevención, garantizar el principio de unidad familiar a menos que contravenga el interés superior etc. En resumen, se centra en el enfoque de derechos de la infancia y no el enfoque familiarista. La restitución de los derechos de forma integral es el centro de su actuación y no la respuesta individual a una sola violación de derechos del niño o niña.

    b. Obligatoriedad de la actuación de otras instituciones para ejecutar medidas de protección especial.

    La Ley General obliga a las instituciones de asistencia social, de salud, justicia, educación, protección social, cultura, deporte, entre otras, a ejecutar medidas de protección especial bajo la coordinación de la Procuraduría de Protección para restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes.

    Además, la Ley General ha facultado a las Procuradurías de Protección para solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno cuando así lo requiera la restitución de los derechos del niño o niña y dichas autoridades están obligadas a proporcionarlo.

    c. Nuevo procedimiento de medidas de protección especial.

    La Ley General establece un procedimiento específico  para determinar las medidas de protección especial que reparen efectivamente el daño y coloquen al niño, niña y adolescente en una situación en la que todos sus derechos estén garantizados. Este procedimiento es igual y de aplicación obligatoria para todas las Procuradurías de Protección y consiste en los siguientes pasos:

    I. Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos.

    II. Diagnosticar la situación de sus derechos.

    III. Determinar los derechos que se encuentran restringidos o vulnerados.

    IV. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un plan de restitución de derechos.

    V. Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el cumplimiento del plan.

    VI. Dar seguimiento hasta cerciorarse de que todos los derechos se encuentren garantizados.

    Una vez que se han definido las medidas de protección especial, la Procuraduría de Protección se encargará de coordinar a diversas instancias gubernamentales para la ejecución de esas medidas (como las instituciones de asistencia social, de salud, justicia, educación, protección social, cultura, deporte, entre otras), y les dará seguimiento hasta cerciorarse de que todos los derechos están plenamente restituidos. La Procuraduría de Protección no brindará todos los servicios necesarios para reparar ese daño, sino que será el punto de interlocución y coordinación entre las dependencias que pueden brindar esos servicios.

    De esta manera la Ley General prevé un procedimiento homologado. Cabe señalar que ello implica un cambio con respecto de las procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia que no cuentan con un procedimiento homologado actualmente.

     

    d. Las Procuradurías de Protección tiene el mandato de autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social.

    Las Procuradurías de Protección tienen el mandato de autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social. Las Procuradurías de Protección Estatales proporcionarán información para integrar y sistematizar un Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. Estas acciones no han sido realizadas hasta ahora por las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia.


  • 8. Conforme a la LGDNNA como se podría atender a niñas, niños y adolescentes que viven con discapacidad mental? ¿Se les puede recibir en un centro asistencial no diseñado y sin personal capacitado? ¿Cómo garantizar el derecho a la no discriminación?

    (Consulta realizada el 19 de marzo de 2015)

    Con base en los tratados internacionales y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sí se deben de recibir y atender a personas menores de edad que vivan con algún tipo de discapacidad mental a un centro asistencial no diseñado para atender a sus necesidades, cuando no sea posible su ingreso a un centro asistencial adecuado para sus necesidades. Siempre deberá preferirse el lugar más adecuado a sus necesidades.

     

    No obstante, no recibir, ni atender a niñas, niños y adolescentes (NNA) con discapacidad en los centros de asistencia social sería contrario a los principios rectores y a los derechos de inclusión y de no discriminación previstos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Así, la Convención de los Derechos del Niño  (CDN) reconoce en su artículo 23.2  el derecho de NNA con discapacidad a recibir la asistencia que sea adecuada a su estado y a las circunstancias de las personas a cargo de su cuidado, en la medida de los recursos disponibles. Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), señala en su artículo 19, inciso b) la obligación de adoptar medidas efectivas para facilitar el pleno goce por parte de las personas con discapacidad, del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad asegurando que tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad necesarios para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y evitar su aislamiento y separación de ésta. Asimismo, en sintonía con la LGDNNA, dicha Convención establece la obligación de llevar a cabo “ajustes razonables”, esto es, las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de sus derechos, en igualdad de condiciones.

     

    No recibir, ni atender a NNA con discapacidad en los centros de asistencia social además violentaría los mandatos específicos de los artículos 108 y 109 de la LGDNNA que señalan que las NNA con discapacidad no podrán ser discriminados para ser recibidos o permanecer en centros de asistencia social y que éstos deberán prestar servicios orientados a fomentar su inclusión.

     

    Sin embargo, no debe perderse de vista que, tal como lo señala el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General 9, la colocación en instituciones o, en términos de la LGDNNA, el acogimiento residencial debe ser el último recurso, de forma temporal cuando sea absolutamente necesario y responda al interés superior de las NNA, y siempre tomando en consideración que en las instituciones las NNA con discapacidad son más vulnerables a abusos mentales, físicos, sexuales y de otro tipo, así como al descuido y trato negligente (párrafo 47). Antes de ello, es necesario explorar otras posibilidades como la colocación de las NNA con discapacidad con la familia de origen, la familia extensa o ampliada, la familia de acogida y de acogimiento pre-adoptivo. En ese mismo sentido el artículo 23 de la CDPD señala que los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de NNA con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar.

     

    Cierto es también que el artículo 108 de la LGDNNA establece que los centros de asistencia social deben contar con medidas seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo a la edad, sexo, condición física o mental de NNA alojados, de manera tal que se permita un entorno afectivo y libre de violencia. De la misma forma, el  artículo 3.3 de la CDN establece que Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

     

    Es así como y tomando en consideración los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia, puede concluirse que un centro de asistencia social no diseñado y sin personal para atender a NNA con discapacidad debe explorar la posibilidad de colocar a las NNA con discapacidad, en primer lugar con la familia de origen, la familia extensa o ampliada, la familia de acogida y de acogimiento pre-adoptivo. Si esto no fuera posible entonces buscar la posibilidad de colocarles en otros centros de asistencia social  que ya estén diseñados y cuenten con personal para atender a NNA. Y si ello tampoco fuera posible, en tanto el centro de asistencia social en cuestión lleva a cabo las adecuaciones necesarias para garantizar el acceso y la prestación de servicios adecuados a NNA con discapacidad, en cumplimiento de los artículos 108 y 109 de la LGDNNA y la CDPD, deberá llevar a cabo los ajustes razonables necesarios para garantizar el acceso y permanencia de NNA en dicho centro y en la medida de los recursos disponibles, como podría ser coordinarse con otras instituciones que cuenten con personal capacitado para prestar los servicios requeridos por NNA, a fin de que los faciliten en dicho centro de asistencia social. Lo anterior, en el entendido de que no realizar ajustes razonables significa discriminar.



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